Cuando escribo estas notas, no ha pasado ni una hora desde que el presidente de la República se dirigió al país para, palabras más y palabras menos, anunciar su intención de aportar el 100% del valor de la subterranización de un tramo de la línea 1 del Metro de Bogotá. No tengo elementos técnicos -y, la verdad, no me interesa ahora tenerlos-, para cuestionar o avalar la metodología usada para justificar y advertir que su propuesta es mucho mejor para la Capital que el proyecto que está andando desde hace casi cinco años. Como cualquier decisión, tendrá sus costos y sus retos, pero queda en manos del alcalde Galán y de su equipo.
En realidad, el discurso del presidente me conduce a una reflexión bastante sentida y es que Colombia es un país aterradoramente centralista. Sin importar de qué partido o corriente sea el jefe del Estado y de gobierno, la Nación oscilará alrededor de Bogotá, en un claro menoscabo de los intereses de las regiones. Es llamativo el contraste: mientras hoy dedica una alocución por todos los medios de comunicación y divulgación para hablar de la principal obra de infraestructura de la Capital, hace dos días el mandatario estuvo en Cali y nos dejó como único elemento práctico una solicitud al Ministerio de Cultura para que el denominado Monumento a la Resistencia sea declarado monumento nacional. Podría ser el Gato de Tejada, Sebastián de Belalcázar o el monumento a la vendedora de Chontaduro que está en la entrada del Hotel Dann Carlton, pero esa discusión no hace justicia con las necesidades y desafíos de la Ciudad Región.
Ese contraste resulta doloroso. Me uno a las voces que vieron con desconcierto la alocución, porque Cali y el Valle llevan dos años esperando un gesto de voluntad para que el Tren de Cercanías pase la etapa de estudios y se convierta en una obra que camina hacia su materialización. Y quiero ser enfático en algo: sin el apoyo de la Nación, ese proyecto no será más que una quimera. Y es necesario, además de tener unos efectos positivos: hacer la línea entre el centro de Cali y Jamundí permitiría impactar 11 comunas, una zona de expansión y un municipio como Jamundí cuya población ha crecido un 29% en los últimos años por un boom inmobiliario impulsado por familias que buscan vivienda nueva con mejor relación costo- calidad.
La obra, con costos financieros incluidos, tiene un valor de 10 billones de pesos en su primera línea, de 24 kilómetros, que es más o menos lo que mide la primera línea del metro bogotano. Su estructura financiera básica supone que entre Gobernación y Alcaldía de Cali aportan cerca del 98% del aporte que corresponde a los gobiernos territoriales, que bajo el amparo de la ley de metros es el 30% del costo total del proyecto. En términos prácticos, entre ambas entidades hay que aportar tres billones de pesos mientras la Nación debe depositar alrededor de siete billones.
Pero al hacer una aproximación mayor, el asunto se deteriora un poco. Para que el Tren entre en operaciones en 2032, la fecha más cercana y optimista, se requiere comprometer durante diez años cerca de 150 mil millones de pesos desde este mismo año. Durante diez años tocaría sacar del presupuesto de Cali, por ejemplo, el equivalente al 27% de los Ingresos de Libre Destinación que tiene la Alcaldía hoy para 2024, si no se reperfila la deuda pública que asciende a 1,2 billones de pesos. Sin necesidad de sentarse en la silla del tercer piso del CAM, es una cifra que hoy la ciudad no puede pagar y que podría aplazar indefinidamente la realización del Tren. Situación similar viven en la Gobernación del Valle, a pesar del empeño del alcalde y de la gobernadora para mantener el sueño vivo.
Hay que decirlo: el proyecto del Tren de Cercanías es posible. Es hoy la principal apuesta en infraestructura que tenemos y sería la espina dorsal de la Ciudad Región, que permita plantear el desarrollo territorial de Cali de cara a los municipios vecinos. Además, el tren podría ser la base de un futuro metro que consolide la necesaria multimodalidad. Pero ese proyecto no será posible si el Gobierno no lo asume como prioridad. Es por eso que necesitamos que el 90% del valor total de la obra sea asumido por el Gobierno Nacional, permitiendo que la caja de las entidades territoriales no se afecte y puedan hacer inversiones complementarias en gestión social, seguridad, renovación urbana y atención a poblaciones vulnerables. Ese pedido no solo es razonable sino que es viable, si existe la debida voluntad política.
Por supuesto, no nos oponemos a que el Gobierno Nacional destine recursos al metro de Bogotá. Claro que la Capital de la República necesita inversiones para reducir los rezagos en capacidad instalada que tiene. Pero hoy la alocución del presidente es un sainete que pone a las regiones a pensar si en los siguientes 27 meses que quedan de gobierno se va a lograr concretar alguna obra de infraestructura relevante en las regiones. Si lo vemos como un elemento de equidad regional, resulta regresivo que el presidente subvencione de esa forma a Bogotá -que cuenta con un presupuesto elevado y la financiación asegurada de dos líneas de metro- y parece más progresivo entregarle recursos adicionales a entes territoriales con estrecheces fiscales como Cali y el Valle del Cauca. Ni hablar del Cauca, del Chocó y de otras regiones donde ni siquiera está resuelto el saneamiento básico.
No voy a evaluar las intenciones del presidente. Parto del principio de que está bien intencionado y que genuinamente cree que puede mejorar la calidad de vida del país. Pero esto se trata de equidad regional, de cómo podemos mejorar la vida de los más de tres millones de habitantes que viven en la Ciudad Región que conforma Cali con los municipios aledaños. Por eso, estoy seguro de que aquí nos merecemos un propósito real y concreto como el Tren de Cercanías mucho más que ser reducidos al epicentro de un símbolo.
Presidente, ¡mire al Valle!
