El corredor maldito

El corredor que ha consolidado la columna 'Jaime Martinez' desde la firma del Acuerdo Final, en 2016, hasta hoy, no tiene otra forma de ser llamado que un corredor maldito. Cerca de 20 mil hectáreas de coca, sembradas sin control entre el Cañón del Micay y el Naya vallecaucano, aseguran que esta organización ilegal pueda producir uno de cada 10 kilos de cocaína en Colombia, convirtiéndolo en un actor dominante en el mercado de la ilegalidad. Precursores químicos, minería ilegal, prostitución, líneas de distribución y comercialización y una red de organizaciones criminales forman una red que se teje alrededor de un corredor que abarca a todo el Departamento del Cauca de sur a norte y al municipio vallecaucano de Jamundí. Y como nodo esencial de ese corredor, Cali recibiendo todas las consecuencias de esa ilegalidad.

A pesar de los efectivos esfuerzos de Cali de reducir y contener la criminalidad urbana, con disminuciones notables en homicidios que empezaron durante la década pasada, aún es persistente la violencia por encima del promedio nacional y del resto de capitales colombianas. Por supuesto, existen algunas vulnerabilidades sociales que abren un boquete a la ilegalidad, pero la pobreza en Cali no es muy diferente a la que se vive en Bogotá, Medellín o Barranquilla; en ese sentido, pensar que la violencia y el crimen en la capital del Valle lo explican solamente las brechas sociales y económicas es asumir una noción corta e insuficiente. Cali sin ese corredor de ilegalidad que pasa a unos minutos de ella no enfrentaría las amenazas contra la seguridad que hoy la agobian -o, al menos, no en esa intensidad-. 

Cali es la tercera ciudad de Colombia y la tercera aglomeración urbana más importante en el litoral pacífico latinoamericano, solo superada por Lima y Santiago. Eso la hace la ciudad de más de un millón de habitantes más cercana a las mayores extensiones de cultivos ilícitos del continente y, quizás, del mundo, lo que la hace receptora de toda la violencia que se gesta alredor. Cali, por su creciente oferta de servicios, es lugar ideal para la residencia de integrantes de esas organizaciones criminales y por su población no solo es centro de distribución sino un mercado de sustancias psicoactivas de relevancia, lo que incentiva que muchos grupos criminales se disputen el control a sangre y fuego. Por lo tanto, a Cali entran drogas y armas que, en últimas, se convierten en ese gran acelerador de la violencia.

Si Cali quiere reducir los homicidios a la mitad, por lo menos, es imprescindible que el Gobireno Nacional restablezca el control institucional de ese corredor de ilegalidad que conecta a la capital del Valle con el Cañón del Micay. Eso implica la instalación del batallón de alta montaña en Jamundí, entre otras intervenciones militares a lo largo del Departamento del Cauca y acelerar la erradicación en sus diferentes mecanismos de los cultivos ilícitos, que en últimas requiere de una política de transformación productiva. La acción del Gobierno Nacional debe tender a corregir el error histórico de no haber copado con toda la fuerza del Estado los territorios que dejaron las antiguas FARC y que muy pronto aprovecharon sus disidencias para continuar en el negocio del tráfico de drogas. Acabar ese corredor maldito es un anhelo de Cali, del Valle y del Cauca.