Bogotá ejemplar

De Bogotá se habla mucho. Para muchos, es una ciudad gris y sin alma, para otros es una vibrante metrópoli llena de historia y que se ha reinventado en los últimos años. Por supuesto, es una ciudad con muchos problemas, algunos propios de un conglomerado de casi 10 millones de personas y, por otro lado, por la acumulación de errores de políticas y de negligencias del Estado, como la segregación espacial, la degradación ambiental, la inseguridad y el deterioro del entorno urbano. Nadie podría creer lo que fue la Avenida Caracas a mitad del siglo pasado y lo que llegó a ser a finales de los años 1990, incluso con la intervención de TransMilenio. Sin embargo, en Bogotá se consolidó el turismo, la cultura y se hicieron renovaciones urbanas notables e inspiradoras como el eje ambiental de la Avenida Jiménez, la biblioteca Virgilio Barco o el Parque del Tercer Milenio. Sede de universidades de primer nivel, de grandes empresas y hasta de restaurantes que no tienen mucho que envidiarle a sus pares madrileños o de cualquier gran urbe hispanoamericana. Bogotá, en medio de sus contrastes y retos, ha prevalecido.

Y aunque la pugnacidad del debate político ha capturado nuestra capacidad de reconocer avances, llevándonos a un estruendoso negacionismo de cualquier progreso, hoy Bogotá es una ciudad ejemplar. Y lo es porque, a diferencia de lo que pasa en Cali o en otras ciudades, ha sabido destrabar la visión de largo plazo y aislarla de los ciclos políticos que suelen imponer estrechez de miras. La Capital de Colombia dio unos pasos importantes cuando, a finales de los años 1990, empezó una de las estrategias de renovación urbana más importantes, con la transformación del viejo Cartucho en un parque urbano y con la construcción de las primeras líneas del sistema TransMilenio.

Y, casi 30 años después, Bogotá dio el paso más importante de su historia: construir la primera línea del Metro y corregir el error histórico de dilatar su realización. Los bogotanos, a pesar de la mezquindad inherente a la pugnacidad política, reconocieron que el mejor metro es el que se hace y emprendieron la responsabilidad histórica de dotar a la Capital de un sistema de transporte multimodal, con la espina dorsal en la primera línea y en las futuras líneas 2 y 3, sin renunciar a hacer más troncales de TransMilenio. Adicional a ello, la región metropolitana construye la primera línea del tren de cercanías de Occidente y camina hacia el desarrollo de la línea norte. A la vuelta de una década, las decisiones que tomó Bogotá dejarán como legado el mejor sistema de transporte público de Colombia.

De la Bogotá caótica de los años ochenta a la Bogotá en obra de hoy, que muchos no reconocen o se niegan a reconocer, hay una serie de lecciones que debemos aprender y tomar en otras ciudades. Quizás la lección más importante es que las grandes transformaciones solo son posibles cuando se dejan de ver como una bandera de un alcalde o de un partido político y se convierten en causas de, por y para la ciudad. Las grandes obras de transporte y desarrollo urbano que hacen en la ciudad más grande de Colombia han sido desarrolladas por alcaldes de todos los espectros de la política. Y aunque el debate sobre si la primera línea debía ser elevada o subterránea parecía ser una ruptura en esa visión de largo plazo, nunca esa discusión bizantina fue más fuerte que la determinación de desarrollarla.

Ahora bien, Bogotá tiene unos frentes donde aún debe tomar decisiones de largo plazo, como en el caso de la seguridad y del deterioro ambiental. Sin embargo, en la toma de otras decisiones lo ha hecho bien y ese desarrollo en infraestructura es un ejemplo nacional de cómo, incluso con las contradicciones propias de la política, las soluciones reales y de largo plazo deben ser una hoja de ruta a la cual se atemperen los actores políticos. Bogotá tiene una oportunidad de oro de mostrarle a Colombia y al mundo ese resurgir, señalando lo bueno, corrigiendo lo malo y poniendo en el centro de la discusión no a quién tiene la razón sino las soluciones que esperan sus habitantes para mejorar su calidad de vida. Ya lo está haciendo y eso es ejemplar.

La hora del Suroccidente colombiano

La semana anterior, el liderazgo regional le presentó a los candidatos presidenciales una serie de prioridades de inversión para el Valle del Cauca, que requieren urgentemente del concurso del Gobierno Nacional para hacerse realidad. Dentro de esas propuestas está el Tren de Cercanías, el Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón o el sistema de acueducto de Buenaventura, aspiraciones de vieja data que no se ha logrado materializar aún por distintos retos fiscales o políticos. Y a pesar de la reacción desconcertante del oficialismo, son prioridades en las que se debe insistir porque no hay forma de que sean realidad sin un apoyo decidido del Gobierno Nacional, sea liderado por quien sea liderado.

Más allá de los distintos proyectos presentados, el asunto esconde un concepto más fuerte que debería unir a los habitantes y al liderazgo regional en departamentos como Valle, Cauca y Nariño: es la hora del Suroccidente colombiano, donde está el tercer mercado más importante del país y se aporta 10 de cada 100 pesos del Producto Interior Bruto de Colombia, además de tener el mayor puerto sobre el Pacífico y la economía más diversificada del conjunto nacional. Y digo que es la hora, porque ya es el momento de superar los obstáculos que impiden que la región avance al ritmo esperado.

A pesar de sus condiciones estructurales, es la zona de mayor violencia y una de las de mayor pobreza en el país. En el suroccidente están las mayores economías ilegales, basadas en la producción de la agroindustria de la cocaína y de la minería ilegal, con todos los fenómenos que se derivan de ellas y que se ven reflejados en problemas de orden público y convivencia. No es menos que paradójico que Cali pueda tener tres de las mejores clínicas de Colombia, pero también sea la capital que más homicidios tiene en el país en los últimos 30 años. Tampoco es congruente que a escasos 25 minutos de uno de los barrios más costosos de Colombia - Ciudad Jardín-, haya cultivos de coca custodiados por organizaciones armadas con alcance trasnacional. Esas asimetrías hablan de un reto sin enfrentar con contundencia.

Tampoco es coherente que Buenaventura le produzca al país de cinco billones de pesos en impuestos al año por su actividad portuaria, pero tenga a más de la mitad de su población en la pobreza y la ciudad no cuente con alcantarillado. Tampoco parece lógico que una de las zonas más biodiversas del mundo, donde se encuentran municipios como Guapi o Timbiquí, con gran abundancia de agua, esté bajo control de grupos armados organizados que imponen su ley ante la ausencia del Estado y la precariedad de sus mercados. 

Si Colombia quiere aprovechar las ventajas de la reserva de biodiversidad que representa el Suroccidente, de la sofisticación que tiene un mercado como el de Cali o de la presencia del Oceano Pacífico, es momento de que exista un consenso nacional sobre la importancia de volver los ojos a la región y aceptar que es su hora. Las capacidades institucionales de los gobiernos territoriales no alcanzarán para acelerar el recorrido hacia el desarrollo que debe recorrerse para cerrar brechas y aumentar el potencial del Suroccidente. No debe verse como una escurrida del bulto de los alcaldes y gobernadores sino como una necesaria participación del Gobierno Nacional próximo en la financiación de proyectos que ampliarán la capacidad instalada regional y mejorarán la calida de vida de más de ocho millones de colombianos que viven en el corredor entre Rumichaca y el norte del Valle.

Sin mezquindades, es la hora del Suroccidente colombiano.

El otoño del consenso

La Constitución Política de Colombia, que pronto cumplirá 36 años de existencia, surgió como un gran consenso de aquellas reformas y ajustes institucionales para equilibrar los poderes del Estado y brindar un marco más amplios de derechos a la ciudadanía. En relación con la carta magna de 1886, esta tuvo un corte más liberal con enfoques más heterodoxos en lo social. En síntesis, la Constitución de 1991 fue la materialización de un consenso que, con sus luces y sombras, permitió que Colombia ajustara sus cargas para avanzar en estas casi cuatro décadas como no había avanzado en el siglo anterior. En ese escenario, uno de los grandes hitos de la Carta Política fue la consolidación del diseño institucional del Banco de la República y de la política monetaria colombiana. 

El modelo colombiano de banco central y de política monetaria ha demostrado ser de gran éxito. Anclar al Banco de la República en un objetivo fundamental como proteger la estabilidad monetaria y el poder adquisitivo de la moneda, a través de herramientas de política como la inflación objetivo y la tasa de interés de intervención, ha permitido que Colombia no viva episodios de hiperinflaciones ni de pérdidas dramáticas de poder adquisitivo de la moneda. De hecho, en casi 40 años de la Constitución de 1991, la economía colombiana ha gozado de una relativa mayor estabilidad que sus vecinos: la política monetaria y el Banco de la República han cumplido con su objetivo constitucional.

El debate que ha surgido alrededor de la decisión de subir las tasas de intervención ha disparado las alarmas. El Banco y su Junta Directiva han advertido que las presiones inflacionarias se mantienen y que la economía colombiana se mantiene aún por fuera de la inflación objetivo. Y eso es cierto: si bien hay reducciones importantes en el índice de precios, aún este se encuentra por encima de lo planteado por el Banco y su deber constitucional es actuar para enfriar la economía y que la inflación efectiva converja con la inflación objetivo. Desde sectores del Gobierno y de la izquierda se ha cuestionado que la Junta Directiva no coordine su política monetaria con la política económica general. En ese sentido, cabe el debate pero, lo que es cierto, es que cuando el Gobierno Nacional decide mantener unos elevados niveles de endeudamiento y de gasto, lo consecuente es que la política monetaria sirva para frenar los efectos que trae esa decisión de política fiscal. Contra la lógica oficial, que suban los intereses en un contexto de alto endeudamiento público es una señal de coordinación de política económica.

Por otro lado, lo que se debe evitar es la deslegitimación del Banco de la República. Aunque existan desacuerdos e, incluso, haya sectores que sugieran que la autonomía e independencia del banco central debe limitarse, mientras esté vigente la Constitución de 1991, es indispensable acatar las medidas de la Junta Directiva y propender por el respeto entre las instituciones del Estado. No obstante, debe quedar algo claro: abrir la posibilidad de que se cambie la Constitución y que se mine la autonomía del Banco de la República puede significar, con una alta probabilidad, que Colombia conozca después de mucho tiempo lo que implica el gasto público inflacionario y sus efectos nefastos en el poder adquisitivo de la moneda, lo que repercutirá en mayor pobreza y vulnerabilidad en la población.

Lo que más me preocupa de estos tiempos es que vivimos un otoño del consenso, donde lo elemental que acordamos en 1991 se está diluyendo mientras el negacionismo de avances sociales y económicos crece contra toda evidencia. En democracia, está bien que existan voces que cuestionen las decisiones del Banco de la República, así como está bien cuestionar al Gobierno. Pero el ejercicio de oposición no puede conducir a la deslegitimación del contradictor, porque de esa espiral de descrédito solo quedará una confianza ciudadana deteriorada y un inevitable camino hacia la pugna crónica que solo dejará como resultados desolación, miseria y una economía en riesgo. Lo que funciona no se debe cambiar.