La Constitución Política de Colombia, que pronto cumplirá 36 años de existencia, surgió como un gran consenso de aquellas reformas y ajustes institucionales para equilibrar los poderes del Estado y brindar un marco más amplios de derechos a la ciudadanía. En relación con la carta magna de 1886, esta tuvo un corte más liberal con enfoques más heterodoxos en lo social. En síntesis, la Constitución de 1991 fue la materialización de un consenso que, con sus luces y sombras, permitió que Colombia ajustara sus cargas para avanzar en estas casi cuatro décadas como no había avanzado en el siglo anterior. En ese escenario, uno de los grandes hitos de la Carta Política fue la consolidación del diseño institucional del Banco de la República y de la política monetaria colombiana.
El modelo colombiano de banco central y de política monetaria ha demostrado ser de gran éxito. Anclar al Banco de la República en un objetivo fundamental como proteger la estabilidad monetaria y el poder adquisitivo de la moneda, a través de herramientas de política como la inflación objetivo y la tasa de interés de intervención, ha permitido que Colombia no viva episodios de hiperinflaciones ni de pérdidas dramáticas de poder adquisitivo de la moneda. De hecho, en casi 40 años de la Constitución de 1991, la economía colombiana ha gozado de una relativa mayor estabilidad que sus vecinos: la política monetaria y el Banco de la República han cumplido con su objetivo constitucional.
El debate que ha surgido alrededor de la decisión de subir las tasas de intervención ha disparado las alarmas. El Banco y su Junta Directiva han advertido que las presiones inflacionarias se mantienen y que la economía colombiana se mantiene aún por fuera de la inflación objetivo. Y eso es cierto: si bien hay reducciones importantes en el índice de precios, aún este se encuentra por encima de lo planteado por el Banco y su deber constitucional es actuar para enfriar la economía y que la inflación efectiva converja con la inflación objetivo. Desde sectores del Gobierno y de la izquierda se ha cuestionado que la Junta Directiva no coordine su política monetaria con la política económica general. En ese sentido, cabe el debate pero, lo que es cierto, es que cuando el Gobierno Nacional decide mantener unos elevados niveles de endeudamiento y de gasto, lo consecuente es que la política monetaria sirva para frenar los efectos que trae esa decisión de política fiscal. Contra la lógica oficial, que suban los intereses en un contexto de alto endeudamiento público es una señal de coordinación de política económica.
Por otro lado, lo que se debe evitar es la deslegitimación del Banco de la República. Aunque existan desacuerdos e, incluso, haya sectores que sugieran que la autonomía e independencia del banco central debe limitarse, mientras esté vigente la Constitución de 1991, es indispensable acatar las medidas de la Junta Directiva y propender por el respeto entre las instituciones del Estado. No obstante, debe quedar algo claro: abrir la posibilidad de que se cambie la Constitución y que se mine la autonomía del Banco de la República puede significar, con una alta probabilidad, que Colombia conozca después de mucho tiempo lo que implica el gasto público inflacionario y sus efectos nefastos en el poder adquisitivo de la moneda, lo que repercutirá en mayor pobreza y vulnerabilidad en la población.
Lo que más me preocupa de estos tiempos es que vivimos un otoño del consenso, donde lo elemental que acordamos en 1991 se está diluyendo mientras el negacionismo de avances sociales y económicos crece contra toda evidencia. En democracia, está bien que existan voces que cuestionen las decisiones del Banco de la República, así como está bien cuestionar al Gobierno. Pero el ejercicio de oposición no puede conducir a la deslegitimación del contradictor, porque de esa espiral de descrédito solo quedará una confianza ciudadana deteriorada y un inevitable camino hacia la pugna crónica que solo dejará como resultados desolación, miseria y una economía en riesgo. Lo que funciona no se debe cambiar.
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