Mínimo debate

Si el debate del salario mínimo fuese ético, no habría duda de que el Gobierno Nacional tiene toda la razón: nadie se opone a que un trabajador gane más y que, por esa vía, su familia tenga mejor calidad de vida. Incrementar ingresos, mejorar bienestar. Y lo mejor, por decreto, ¿qué podría salir mal? Desde la ética, si se quiere denominar así, esta decisión no merece ninguna crítica. El asunto, realmente, es que esta decisión no es ética. O al menor no lo es totalmente. Es económica y, por tanto, está fuertemente ligada con la conducta de los individuos y de los distintos actores económicos. Y allí el escenario es diferente, porque nos pone en un escenario más de lo posible que de lo deseable.

Así que la primera consideración que propongo es darle a la ética su proporción justa en esta discusión, porque la sola buena intención no puede absorber los distintos efectos de una decisión económica. En esencia, al establecer el monto del salario mínimo lo que se hace es fijar un precio que, además, sirve de referencia para fijar otros precios en el mercado que están indexados o determinados por los aumentos de tal salario. Esto resulta normal ante la incapacidad de que un precio, como el de la vivienda de interés social, pueda introducir todas las variaciones del mercado. No obstante, los precios no son estáticos y crecen periódicamente, pero para el caso de la vivienda se le establece un tope a partir del mínimo vigente. Eso es verdad de Perogruyo.

El Gobierno Nacional decidió fijar un salario mínimo varios puntos por encima del Índice de Precios al Consumidor, beneficio que es difícil de controvertir desde un plano ético y de fervor popular. Sin embargo, inevitablemente habrá bienes y servicios, así como contribuciones a la seguridad social y multas de tránsito, que crecerán en la misma proporción que el salario. Y eso no es atacar el salario mínimo, aunque sea una narrativa muy sensual para ondear en tiempos electorales, sino que es un fenómeno económico que ocurre todos los años, ¿por qué habría de cambiar este año? De alguna u otra forma, habrá presiones en los precios y van a subir.

Los precios son sistemas de información. Cada precio lleva consigo información de costos, pero también reaccionan a movimientos en la oferta y la demanda. Si, por ejemplo, el argumento del Gobierno de subir el salario en un 23,7% para estimular la demanda agregada es correcto -habrá que medirlo-, es también previsible que suban los precios. Es un principio económico que no ha demostrado sus fallas a lo largo de la historia: cuando la gente tiene más poder de compra, los precios suben ante una realidad ineludible de bienes finitos o limitados. Pensemos en la cadena de valor de la leche: que crezca el consumo no quiere decir que hay más vacas dando leche, así que el precio final se elevará en un contexto de existencias limitadas de leche. 

La teoría de valor trabajo hace rato fue desechada, aunque se usa mucho en estos días para sustentar la bizantina tensión entre empresarios y trabajadores. Realmente, los precios son un complejo sistema de información que absorbe los costos y la interacción de la oferta y de la demanda. Por ejemplo, el precio final del pan tiene en cuenta los costos asociados a ingredientes, equipos, arriendos, mantenimiento de máquinas, pago de salarios y hasta los costos de transacción como el transporte o la distribución, pero también reaccionan al consumo de pan por parte de los consumidores. Basta que una de esas variables se mueva y el precio se va a resentir. Ahora bien, hay estructuras de costos que pueden moverse para evitar que los precios suban o al menos que suban tanto: se puede cambiar algunos ingredientes por otros, se puede reducir algunos costos de producción, pero siempre contemplando el margen de ganancia. Claro, no todos los precios deberían subir en un 23% (de hecho no ha sido así, el transporte ha subido sus tarifas en un promedio del 10%).

El Gobierno está abriendo un frente de discusión muy riesgoso cuando pretende dejar alojado en el plano de la ética una decisión económica. Es difícil oponerse a que los trabajadores ganen más, pero no por decretarlo se va a controlar todos los efectos que puede traer un aumento del salario mínimo en una economía con una alta tasa de informalidad, con gran parte de sus trabajadores en el segmento de los cuenta propia y donde muchos precios de servicios o de contribuciones como los aportes a la seguridad social aumentan amarrados o indexados, según la jerga técnica. La defensa del salario mínimo puede acompañarse de frases hiperbólicas y categóricas, pero la experiencia termina por demostrar que esas frases no se la llevan bien con la realidad. Más bien, deberíamos estar contemplando cómo y qué bienes y servicios se desindexan del salario mínimo.