Empleo, cemento y seguridad

El escenario en que se desenvuelve Colombia hoy es de lento crecimiento, recrudecimiento de la situación de orden público en zonas como el Suroccidente y una incertidumbre institucional marcada por el bloqueo que sufre el Gobierno Nacional en el Congreso y la agitación social que ha pretendido provocar en respuesta a la falta de entendimiento entre el oficialismo y la oposición. De cara a 2026 aún no hay muchas respuestas, pero debe haber unas prioridades definidas: el país necesita empleos de calidad, mucho cemento y seguridad. Por supuesto, debemos resolver otros enredos, pero hoy resulta fundamental insistir en esas tres grandes prioridades.

En materia de empleo, hoy Colombia tiene una tasa de desempleo baja que, a priori, supone una noticia muy positiva. Sin embargo, al revisar al detalle los datos, uno descubre que lo que apalanca estos resultados es la Administración Pública y el emprendimiento. De manera que políticas productivas y estímulos a sectores económicos conforman una prioridad inaplazable, entendiendo que esto requiere enfoques macro y micro. En lo macro se podría destacar inversiones en bienes públicos y en formación de capital humano, recuperar la estabilidad fiscal, reducir el ratio de la deuda pública y enviar mensajes de estabilidad macroeconómica a los mercados. Esto, aparejado con políticas de desregulación, simplificación de trámites y con apoyo técnico a las empresas para mejorar su productividad y la de sus trabajadores. En últimas, impulsar el crecimiento económico como mecanismo cierto para la generación de empleo formal, que en últimas es la más poderosa política social. Hoy Colombia ahí enfrenta un reto sin superar.

En segundo lugar, Colombia necesita mucho cemento. Al terminar este cuatrienio, habremos acumulado las caídas de la construcción de vivienda y de obras civiles, limitándose a terminar obras de infraestructura iniciadas en años anteriores y a comenzar algunas pocas, siendo la más destacable el Regiotram de Occidente, -cuyo contrato se firmó hace cinco años-; el país hoy necesita dinamizar la construcción de viviendas y de grandes infraestructuras, especialmente en el sector transporte, como el Tren de Cercanías del Valle del Cauca. Aumentar la oferta de vivienda y adelantar obras viales y de movilidad urbana, suburbana y rural no revisten mayor discusión, más cuando sabemos el impacto en el PIB, en la generación de empleo y en el bienestar que traen consigo. 

Finalmente, en materia de seguridad la discusión no puede ser más clara: el retroceso del control estatal en zonas vulnerables como el Cauca y el sur del Valle es una muestra de la importancia de retomar la agenda de seguridad y orden público que necesita con urgencia el país. Eso pasa por formular un plan cierto de modernización de las capacidades de las Fuerzas Militares, por ejemplo, que han visto cómo se hace inminente la salida del servicio de la flota de superioridad aérea y la falta de mantenimiento de parte de la flota de helicópteros, hoy en tierra en momentos de profunda necesidad de movilidad de las tropas. Desmantelar estructuras criminales, reducir los cultivos ilícitos - en crecimiento desde finales de la década pasada y acelerados en estos últimos años- y asegurar que a cada municipio de Colombia vuelva la Fuerza Pública, la justicia y la presencia integral del Estado son objetivos que debemos trazarnos y construir una estrategia efectiva para lograrlo.

Colombia hoy necesita crecer, reducir la pobreza, mejorar la conectividad interna y garantizar la vida y la integridad de sus ciudadanos y eso se consigue priorizando el empleo, el cemento y la seguridad como una triada que permitirá poner al país en la senda del desarrollo. Por supuesto, hay cientos de temas que tendremos que atender, pero ahora el sentido de prioridad nos obliga a concentrarnos en esos puntos que, a poco menos de un año de las elecciones presidenciales de 2026, no arrojan buenos resultados. Si por ahí empezamos, Colombia avanza. 

Cali, nuestra fuerza se volverá a sentir

La semana que termina será tristemente recordada. En cuestión de horas, Cali y el suroccidente colombiano fueron objetivo de 14 ataques terroristas que, solo en la capital vallecaucana, dejaron dos muertos y 51 heridos, además de varios daños materiales y los incalculables efectos en las comunidades locales que recibieron directamente los impactos de los explosivos. Bastaría imaginar que eso hubiera ocurrido en Bogotá o en Medellín, como bastaría imaginar que en los Farallones de Sutatausa -en Cundinamarca y a no más de una hora del extremo norte de la Capital de la República- hubiera control de un grupo armado ilegal y la presencia de cultivos ilícitos. Pero ocurrió en Cali, en una de las regiones donde el conflicto armado, luego del acuerdo de Paz de 2016, no mermó sino que, contra toda lógica, se transformó y arreció.

Cali ha sido golpeada por la violencia más que cualquiera de las grandes ciudades de Colombia. Epicentro del accionar de grupos como el M19 en los años 1980, luego se convirtió en el núcleo de la violencia del narcotráfico a partir de los años 1990. Para finales del siglo pasado, es decir, hace no más de 25 años, Cali se convirtió en el objetivo de las FARC, del ELN y en menor intensidad de grupos de autodefensa, que crearon una terrorífica sociedad con grupos de narcotraficantes como el Cartel del Norte del Valle y empresas transnacionales del crimen, que vieron en el corredor entre el Cauca y el Valle una máquina de lucro producto de la ilegalidad. En 1999 Cali sufrió dos secuestros masivos; en 2001, un carro bomba destruyó parcialmente la Torre de Cali;  en 2002 se llevaron a 12 diputados; en 2007 volaron el Comando de la Policía Metropolitana y, desde el año 2000, han sido asesinadas más de 30 mil personas. No me equivoco si digo que, al menos en los últimos 30 años, Cali ha sido la ciudad más golpeada por la violencia.

No es en vano cuando desde Cali, y durante las últimas tres décadas, hemos solicitado año tras año mayor compromiso de la Nación. Más inversión en la ciudad y en la región o control institucional en el sur del Valle y el Cauca son aspiraciones regionales que, de forma intermitente, parecen no estar de forma constante sobre el escritorio del presidente de turno. Una buena forma de construir estabilidad en una región de gran importancia nacional e internacional es poniéndose al día con obras como la ampliación y modernización del Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón; terminar la doble calzada entre Cali y Popayán, proyectándola hasta Pasto; el Tren de Cercanías del Valle y el Ferrocarril del Pacífico; la variante Mulaló- Loboguerrero y otros proyectos que, sin duda alguna, marcarían un impulso para la región. Eso sin contar el gasto en seguridad, el aumento de pie de fuerza y la transformación productiva que permita sustituir cultivos ilícitos.

A nivel local, los caleños hoy tenemos una oportunidad de sanar heridas y de enviar un mensaje de fortaleza, más en momentos cuando la amenaza terrorista sigue latente. El Plan Invertir para Crecer, de la Alcaldía encabezada por Alejandro Eder, se convierte en una oportunidad de dotar a Cali de mejores infraestructuras, de cambiar el paisaje urbano y de generar un impulso anímico que necesitamos en estos momentos. Obras como la renovación del centro extendido, que marcará un hito paisajístico y de movilidad peatonal; el Parque Central o el Bulevar Figueroa; el Bulevar de la Avenida Sexta; la recuperación de la malla vial y la inversión en adecuación de infraestructura educativa, de seguridad y deportiva, por citar algunos proyectos, constituyen una oportunidad para inyectarle a Cali unos recursos que, en el corto y largo plazo, traerán beneficios generosos para una ciudad necesitada de atención.

Cali hoy necesita obras y hechos que la ayuden a levantarse de esta hora oscura a la que la están queriendo someter los grupos armados organizados, aprovechando una falla estructural del Estado para garantizar su presencia integral; si bien la ciudad económicamente goza de buena salud y hay esfuerzos para proyectarla internacionalmente, la sombra de la violencia puede oscurecer estos esfuerzos y devolvernos años atrás. Ese riesgo no se puede correr y hay que mitigarlo con contundencia y resolución. 

En 1999, en un año particularmente duro, una campaña cívica puso en el imaginario una frase emocionante para tiempos convulsos: Cali, nuestra fuerza se volverá a sentir. Hoy quiero traerla a valor presente -quizás sin tener mucha consideración de sus autores- en momentos de incertidumbre y dificultad, para recordar que el riesgo mayor es permitir que el desánimo, el miedo y la desesperanza carcoman a Cali. No lo olvidemos: somos una ciudad con una proyección gigante, que si removemos del escenario el fenómeno odioso de la violencia, podríamos llegar a ser la primera ciudad. Porque llegó el momento de sentir y de hacer sentir la grandeza de Cali...

Cali, ¡nuestra fuerza se volverá a sentir!

El corredor maldito

El corredor que ha consolidado la columna 'Jaime Martinez' desde la firma del Acuerdo Final, en 2016, hasta hoy, no tiene otra forma de ser llamado que un corredor maldito. Cerca de 20 mil hectáreas de coca, sembradas sin control entre el Cañón del Micay y el Naya vallecaucano, aseguran que esta organización ilegal pueda producir uno de cada 10 kilos de cocaína en Colombia, convirtiéndolo en un actor dominante en el mercado de la ilegalidad. Precursores químicos, minería ilegal, prostitución, líneas de distribución y comercialización y una red de organizaciones criminales forman una red que se teje alrededor de un corredor que abarca a todo el Departamento del Cauca de sur a norte y al municipio vallecaucano de Jamundí. Y como nodo esencial de ese corredor, Cali recibiendo todas las consecuencias de esa ilegalidad.

A pesar de los efectivos esfuerzos de Cali de reducir y contener la criminalidad urbana, con disminuciones notables en homicidios que empezaron durante la década pasada, aún es persistente la violencia por encima del promedio nacional y del resto de capitales colombianas. Por supuesto, existen algunas vulnerabilidades sociales que abren un boquete a la ilegalidad, pero la pobreza en Cali no es muy diferente a la que se vive en Bogotá, Medellín o Barranquilla; en ese sentido, pensar que la violencia y el crimen en la capital del Valle lo explican solamente las brechas sociales y económicas es asumir una noción corta e insuficiente. Cali sin ese corredor de ilegalidad que pasa a unos minutos de ella no enfrentaría las amenazas contra la seguridad que hoy la agobian -o, al menos, no en esa intensidad-. 

Cali es la tercera ciudad de Colombia y la tercera aglomeración urbana más importante en el litoral pacífico latinoamericano, solo superada por Lima y Santiago. Eso la hace la ciudad de más de un millón de habitantes más cercana a las mayores extensiones de cultivos ilícitos del continente y, quizás, del mundo, lo que la hace receptora de toda la violencia que se gesta alredor. Cali, por su creciente oferta de servicios, es lugar ideal para la residencia de integrantes de esas organizaciones criminales y por su población no solo es centro de distribución sino un mercado de sustancias psicoactivas de relevancia, lo que incentiva que muchos grupos criminales se disputen el control a sangre y fuego. Por lo tanto, a Cali entran drogas y armas que, en últimas, se convierten en ese gran acelerador de la violencia.

Si Cali quiere reducir los homicidios a la mitad, por lo menos, es imprescindible que el Gobireno Nacional restablezca el control institucional de ese corredor de ilegalidad que conecta a la capital del Valle con el Cañón del Micay. Eso implica la instalación del batallón de alta montaña en Jamundí, entre otras intervenciones militares a lo largo del Departamento del Cauca y acelerar la erradicación en sus diferentes mecanismos de los cultivos ilícitos, que en últimas requiere de una política de transformación productiva. La acción del Gobierno Nacional debe tender a corregir el error histórico de no haber copado con toda la fuerza del Estado los territorios que dejaron las antiguas FARC y que muy pronto aprovecharon sus disidencias para continuar en el negocio del tráfico de drogas. Acabar ese corredor maldito es un anhelo de Cali, del Valle y del Cauca.