El pasado 21 de agosto, Cali asistió al peor ataque terrorista en casi dos décadas. En abril de 2007, un carrobomba estalló frente al Comando de la Policía Metropolitana y dejó un saldo de un muerto y varias decenas de heridos. Y aunque hemos enfrentado más ataques desde entonces, incluso los múltiples que se registraron en junio de este año, ninguno había tenido la letalidad que tuvo el atentado frente a la Base Aérea: siete fallecidos, más de 65 heridos y daños materiales en viviendas y comercios. A diferencia del ataque contra la Policía, el impacto de este hecho infame lo recibieron civiles. No hay duda de que este acto terrorista es el peor que ha recibido Cali en dos décadas y habla con claridad de la frágil situación de orden público en el suroccidente colombiano.
Desde hace meses ha habido un mensaje que, de forma sostenida, ha estado orbitando alrededor de esta situación: el Gobierno Nacional tiene las llaves para estabilizar la región y, por esa vía, estabilizar a Cali. Pensemos en que los explosivos usados para atentar contra la Base Aérea y que ocasionaron tal cantidad de daños alrededor llegaron procedentes del norte del Cauca y entraron, sin duda alguna, al Valle del Cauca y a Cali por vía terrestre. A pesar de los esfuerzos de los últimos años por mejorar las capacidades de seguridad de la capital vallecaucana, existe limitaciones de recursos tecnológicos y humanos que permitan cubrir todos los flancos. Es decir, aquí el único con capacidad de coordinar esfuerzos y recursos es el Gobierno Nacional y esto no debe molestar a los partidarios de la coalición de gobierno: así está concebido el diseño institucional colombiano.
Al ser Cali la ciudad de más de un millón de habitantes que está más cerca a las mayores extensiones de cultivos ilícitos del país y, posiblemente, del mundo, las presiones sobre su seguridad se incrementan. Cali se convierte en proveedora de bienes y servicios importantes para la cadena de abastecimiento del narcotráfico y de otras economías ilegales: en Cali viven miembros de organizaciones criminales que, directa o indirectamente, tienen nexos e intereses económicos con los grandes grupos armados que delinquen en la región. Pero, además, la capital del Valle es ya un mercado importante donde se vende y se compra en grandes cantidades drogas ilícitas, lo que hace que sea un campo de batalla entre grupos y organizaciones delincuenciales que quieren controlar una mayor cuota de ese mercado multimillonario.
Cali tiene herramientas para contener las acciones de los pequeños grupos delincuenciales que se disputan los mercados de drogas ilícitas a nivel local, principalmente, pero no para cortar la cadena de valor, que empieza en los cultivos en las montañas caucanas, continúa con los precursores químicos y los laboratorios en medio de la jungla y que pasa por rutas terrestres y marítimas que buscan la salida hacia el norte del continente, de donde llegan las grandes ganancias que alimentan la máquina de guerra.
Es posible que desde el secuestro de los diputados del Valle, en abril de 2022, este ataque del 21 de agosto sea el más grave contra la seguridad de Cali. Si bien ha habido otros hechos violentos muy preocupantes, este se caracterizó por su letalidad y grado de sevicia con el cual fue perpetrado. Sin duda, esta ha sido la hora más oscura que ha vivido nuestra ciudad en los últimos tiempos. Y las llaves para salir de este doloroso momento está en la capacidad de los distintos niveles de gobierno para coordinarse y actuar de forma cohesionada. No hay muchas opciones efectivas diferentes.
