Durante casi 30 años, incluso un poco más, Cali ha sido una de las capitales más violentas del país. Con el auge del fenómeno del narcotráfico en los años 1980 y 1990, la apacible urbe de los Juegos Panamericanos se convirtió en la ciudad más violenta de Colombia y en un mal referente del país ante el mundo. Con más de 2000 homicidios al año y una tasa de homicidios que podía llegar a las 122 muertes violentas por cada 100.000 habitantes, la capital del Valle del Cauca lideraba el escalafón del crimen en América Latina. Entre los finales de los años 1990 y comienzo del siglo XXI, ciudades como Medellín fueron reduciendo a pasos acelerados su tasa de homicidios y sus fenómenos del crimen, mientras Cali avanzaba a ritmo menor y se mantenía en lo alto de la tabla, situación impulsada por la llega del conflicto armado a las goteras de la ciudad.
Hoy Cali enfrenta tasas de homicidios que duplican la tasa nacional, pero que son tres veces menores que las que tuvimos a mediados de los años 1990. Algo se ha hecho bien para reducir esa violencia homicida, aunque todavía falta mucho para que la capital vallecaucana salga definitivamente de esa espiral de criminalidad que, aunque con menor intensidad, sigue siendo el principal reto de política pública. No se trata de desconocer los avances, como tampoco de ignorar el tamaño del reto: en todo caso, debemos acordar que recuperar la seguridad y reducir la violencia a proporciones mínimas sigue siendo el principal desafío de la sociedad caleña de cara al futuro inmediato.
Hago este somero contexto porque, lamentablemente, en las vísperas de varios procesos electorales, ha emergido un discurso que sugiere que Cali enfrenta una crisis de seguridad. Por supuesto, uno espera que lejos de ser una opinión, existan datos que demuestren que enfrentamos un pico de violencia y crimen en particular que resulta generalizado. Y si bien los números de 2025 no son tan buenos como los números de 2024, con un incremento de alrededor de 15% de los homicidios en lo corrido del año, no hay evidencia de que este año vaya a ser particularmente violento o atípico. De hecho, cuando se miran las series estadísticas, el año en curso podría ser uno de los tres menos violentos en 30 años e, incluso, si la tendencia se mantiene podríamos estar frente a un segundo año consecutivo con menos de 1000 homicidios.
Si a lo anterior le sumamos que hay reducciones notables en feminicidios, en hurtos a personas, hurtos a celulares o hurtos a comercios, no parece muy consecuente hablar de una crisis. Eso sí, mientras persistan fenómenos de ilegalidad en el corredor entre el sur del Cauca y el Pacífico, que incluye a municipios como Jamundí, Cali seguirá experimentando un reto más grande que otras capitales.
Pero insisto en algo: los buenos resultados no hablan de que estemos ya superando la maldición de la violencia y del crimen. Pero desconocerlos y tratar de implantar un mensaje equivocado que invoca una crisis que no existe, es demagógico. Mientras los videos de hurtos se viralizan, en la escena pública algunos se sostienen en avivar el miedo colectivo, que en el campo político puede funcionar pero que no describe la realidad y falta a la verdad, naturalmente. Es imposible hablar de crisis o de fracasos de política de seguridad si los datos alternativos que lo demuestran son débiles o, más aún, no existen. De hecho, hoy no hay datos que controviertan las cifras oficiales: en Cali hay menos muertes violentas hoy que en casi todos los últimos 30 años y, salvo opiniones que sugieren que no es así, no hay cifras que demuestren lo contrario. Como tampoco hay datos alternativos que demuestren que las reducciones en casi todos los hurtos no son ciertas.
¿Falta mucho por hacer? Claro que sí. Pero sobra demagogia, porque Cali no vive una crisis de seguridad, ni su política de seguridad es un fracaso.
