Esto es cuestión de plata

Seamos sinceros: a nadie le gusta que le suban los precios. A nadie le gusta que suba el precio de la carne, mucho menos que suban los precios de los servicios públicos. Y, muchísimo menos, le gusta que le suban los impuestos. Existe algún grado de deshonestidad intelectual de aquellos quienes se niegan a la necesidad de subir los impuestos, más en países como Colombia donde las necesidades insatisfechas son aún elevadas. Y existe algún grado de valentía cuando un gobernante asume el costo de subir los tributos. Valentía, porque hoy decirlo es un camino seguro a la desfavorabilidad.

Cali ha decidido, luego de casi seis años, emprender la actualización catastral. En seis años, con una pandemia, un paro mortífero para la economía y luego un proceso de recuperación, el gobierno local no ha tenido actualizada la base de precios sobre la cual calcular el cobro de una de sus principales rentas: el Impuesto Predial Unificado. Dicha actualización consiste en, grosso modo, en coger predio por predio y estimar el impacto de sus mejoras, usos y mejoramiento de su entorno en el precio del respectivo inmueble. Hace seis años un lote podía tener una casa de un piso y, seis años después, tener una casa de tres pisos con apartaestudios y seguir pagando el mismo predial de 2019. Eso, por supuesto, no es admisible.

Desde mediados del año 2024, la Alcaldía de Cali emprendió esa tarea y, cómo no, han surgido malestares. Para efectos de equidad tributaria, se empezó en aquellas comunas de mayores ingresos per cápita de la ciudad, como lo son la 2, la 17 y la 22; por supuesto, tal actualización vino a verse reflejada en un reajuste del valor del Impuesto Predial- IPU que debe pagar cada propietario para el año 2025, con un ajuste máximo del 25%, aunque el predio haya podido tener un aumento superior en su valor catastral. Esto, que debería ser rutinario, se convirtió en un foco de debate porque salieron figuras críticas que, no sin un halito de oportunismo, cuestionaron la necesaria actualización del catastro. Toda empresa, toda casa bien ordenada debería tener un buen inventario de sus bienes. En Cali eso no pasaba.

La ley establece que las entidades territoriales deben hacer una actualización catastral al menos cada cinco años, aunque sería deseable que fuera anual. Una de las ventajas de que fuera anual es que los aumentos en el IPU podrían ser menores y el impacto de la actualización sería menor. No es lo mismo actualizar el precio de un bien cada 12 meses que con el acumulado de cinco o seis años. Además, la actualización catastral, que no estará exenta de errores puntuales que debe atenderse con celeridad cuando surjan, es vital para las finanzas públicas locales. 

Cali, a diferencia de Medellín y de Bogotá, tiene unas rentas de capital casi inexistentes. Mientras Medellín recibe al año dividendos del grupo EPM o Bogotá del Grupo de Energía de Bogotá o de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado, la capital vallecaucana depende de dos rentas fundamentalmente: el Impuesto de Industria y Comercio y el Impuesto Predial Unificado. Es decir, gran parte de los gastos y de la inversión públicos que hace la Alcaldía de Cali se financia a partir del valor de los bienes inmuebles y de las ventas de las empresas formales de la ciudad. Así las cosas, actualizar es indispensable.

A lo largo de los últimos años, el recaudo tributario en Cali apenas si ha crecido en línea con el Índice de Precios al Consumidor, posicionando a la ciudad en la cola de la capacidad de inversión, formación bruta de capital y de presupuesto de las grandes capitales de Colombia. Una ciudad como Barranquilla, con la mitad de la población de Cali, recauda el mismo monto de Industria y Comercio y tiene rentas de capital muy superiores a las de la capital del Valle. Y esto es paradójico, cuando menos, si se entiende que Cali es la tercera economía urbana del país. 

En medio de la demagogia que acompaña el debate, hay una realidad que nada puede cambiar: si queremos que Cali haga las obras que necesita, mejores sus servicios públicos y garantice mejor calidad de vida, procesos como la actualización del predial son imprescindibles. No hay opciones, no hay forma diferente de financiar el gasto público que no sea tener una adecuada fuente de ingresos tributarios. Esto es cuestión de plata y, en un escenario de necesidades crecientes, lo responsable es aceptar que tarde o temprano habrá que subir algún impuesto o ajustar la estructura de ingresos del gobierno, en cualquier nivel. El resto es demagogia. 

El empleo: clave para erradicar la pobreza

Hay varios caminos para enfrentar la pobreza. Algunos tradicionales y con resultados limitados, como los servicios sociales asistenciales como los comedores comunitarios; otros más sofisticados, como las transferencias monetarias directas, que terminan siendo una pieza clave para mover la pobreza monetaria hacia abajo y que ha mostrado su efectividad, sobre todo en momentos de crisis económica y está la que, en mi concepto, se convierte en la estrategia más contundente y definitiva contra la pobreza: el empleo. En países como Colombia ha sido fundamental mezclar todo un arsenal de políticas para reducir la pobreza de forma sostenida en los últimos 30 años.

En Cali, por ejemplo, la punta de lanza de la política social han sido los comedores comunitarios. Si bien cumplen un servicio inobjetable, logísticamente son costosos y gozan de ineficiencias estructurales, además de que es difícil de capturar sus impactos en fenómenos como la desnutrición y en otras variables que se mueven en la misma vía que la pobreza. Insisto, intuitivamente son una herramienta útil pero está lejos de ser decisiva para enfrentar al enemigo más importante de una sociedad: la pobreza. Para este 2025, la Alcaldía encabezada por Alejandro Eder ha anunciado el inicio de una estrategia de lucha contra la pobreza basada en transferencias monetarias, lo cual constituye una revolución en la política social territorial.

Pero no podemos equivocarnos en algo: si una sociedad quiere erradicar la pobreza, la apuesta por la productividad es clave. En un sentido más práctico, la apuesta por la generación de empleo resulta fundamental. En la década pasada, en Cali hubo un comportamiento sincrónico entre la reducción de la pobreza monetaria y la generación de empleos formales. Según las estadísticas oficiales, en Colombia se estima que el 80% de los ingresos de las familias provienen de sus ingresos laborales; dicho de otro modo, las familias financian su acceso a bienes y servicios en su mayoría con el fruto de su trabajo. Así las cosas, un movimiento en la tasa de desempleo representa, para bien o para mal, un ajuste o desajuste crucial en el bienestar de los individuos.

La mejor política social es, por su efectividad, la generación de empleos formales. Eso plantea desafíos en cuanto a informalidad, que debe propenderse por su disminución, para lo cual se requiere arreglos en materia de simplificación de trámites y racionalización de las cargas tributarias corporativas y de los costos laborales que enfrentan las empresas. Hacer más barata la generación de empleo resulta un elemento de vital importancia en una política de estímulo que redunde en más puestos de trabajo creados. Pero, aún así, esto no basta.

Hacer lo necesario para que desde el lado de la demanda de trabajo existan condiciones -es decir, que las empresas estén listas para enganchar más trabajadores-; por el lado de la oferta se requiere inevitablemente profundizar en aspectos como el cierre de brechas entre lo que necesita el mercado y las habilidades de los individuos. Esto supone que, en mercados como el de Cali, se disponga de más trabajadores formados en habilidades como el bilingüismo, la programación y otras áreas de la economía digital, cluster que facturaa al año más de tres billones de pesos en la región. En la medida en que los individuos acumulen capital humano, la productividad será mayor y los ingresos también aumentarán para ellos y sus familias: ahí se rompe la cadena de la pobreza.

Desde luego, hay políticas públicas que no dan espera. Seguridad jurídica, seguridad física, infraestructura de transporte, educación de calidad, servicios de salud pertinentes y una buena estrategia de promoción de inversiones y de generación de cadenas de valor serán fundamentales, por citar algunos asuntos de gran importancia,  para  la generación de entornos propios para el crecimiento económico, que será el apalancador de la generación de empleos. Eso sí, por sí solo hacer crecer al PIB no bastará, se requiere una mezcla de políticas micro y macro que orienten los esfuerzos intersectoriales para mover la demanda de trabajo y llevar así el anhelado ingreso a las familias, en especial las más pobres.

La mejor política social es y será el empleo. De eso no quepa duda y en eso debemos concentrar nuestros esfuerzos en todos los niveles.