Tejiendo la tela de la seguridad

Los datos muestran que Cali está haciendo bien la tarea de enfrentar los fenómenos de inseguridad que golpean a sus ciudadanos. Los homicidios y todos los tipos de hurtos señalan una tendencia muy positiva en su reducción, que consolida los esfuerzos de más de una década. Algo ha cambiado, así a los novicios de falsas esperanzas les disguste, pero en una década pasamos de tener más de 2000 muertes violentas a tener alrededor de 1000; no obstante, la capital del Valle sigue siendo una ciudad insegura, por supuesto, y la prioridad debe seguir siendo la recuperación de la convivencia y la lucha efectiva contra el crimen. 

Aquí se está entendiendo que seguridad es libertad y que un atentado contra las libertades individuales es tener a criminales armados y motorizados por las calles robando y moviendo unas economías ilegales basadas en el ajuste de cuentas y el hurto de bienes como teléfonos y vehículos. El miedo es incompatible con el desarrollo, así que bajo ninguna circunstancia la seguridad ciudadana puede dejarse de lado. Es una prioridad. Sin embargo, hay consenso alrededor de que Cali es una ciudad cuya inseguridad está enlazada inevitablemente con las dinámicas del crimen organizado que se asentaron hace años entre el Valle y el Cauca, donde están algunas de las mayores extensiones de cultivos ilícitos del mundo. 

Cali es la joya de la corona del crimen organizado. Es la mayor ciudad capital que está más cerca de grandes extensiones de cultivos de coca, que se convierten en la punta de lanza de las rentas criminales; ninguna capital colombiana está a menos de una hora de nodos de criminalidad como la zona rural de Jamundí. Pero también, muchos criminales escogen a la capital vallecaucana como su residencia principal, donde tienen acceso a vivienda, bienes y servicios que permiten poner a circular en la economía los dineros provenientes de actividades ilegales. Hacen la guerra criminal en Argelia, en el sur del Cauca, o sacan toneladas de coca por los esteros de Buenaventura, mientras van de fiesta a clubes nocturnos o asisten a restaurantes costosos de talla internacional en Cali. Ahí tenemos una conexión que hace que la inseguridad en el sur del país se refleje en la tercera ciudad de Colombia.

Resulta entonces razonable que se emplace al Gobierno Nacional para formular una estrategia efectiva que estabilice al suroccidente colombiano. Mientras las autoridades locales contienen el crimen urbano en Cali, las autoridades nacionales deben enfocar toda su capacidad en desarticular y destruir a las organizaciones criminales que delinquen en la región y sus fuentes de ingresos. Eso supone aumentar las horas de vuelo de las aeronaves de la Fuerza Aérea Colombiana, asignar más recursos tecnológicos y humanos para hacer una inteligencia que permita perseguir con efectividad a los criminales y cumplir la palabra empeñada en el Acuerdo de Paz, que sugiere la promoción del desarrollo territorial a través de vías, fomento económico e infraestructura social. 

Sin embargo, el primer reto que surge es entender el mapa complejo del crimen en el suroccidente, que toca a Cali y lo convierte en un objetivo de alto valor para los grupos delincuenciales. Sicariato, minería ilegal, narcotráfico, extorsión y hurto de vehículos y teléfonos son parte de un fenómeno transnacional que el gobierno local está encarando con éxito. En efecto, el Gobierno Nacional está brindando apoyo al aumentar el pie de fuerza en la región, pero hace falta y va quedando claro que no es suficiente lo que se está haciendo. Como bien me decía alguien hasta hace no poco tiempo: el crimen en Cali empieza en la costa pacífica mexicana y termina en Ecuador. Para tejer la tela de la seguridad se requiere que todos asuman su parte. O estaremos condenados a más años de violencia y atraso.