Menos pobreza

Seré tajante: si una política social no reduce la pobreza y los fenómenos que esta trae consigo, es una política social insuficiente. En un país como Colombia, donde aún uno de cada tres colombianos es pobre, el objetivo que debe guiar las políticas sociales no es otro que mejorar las condiciones materiales de esa porción de la población que no tiene lo suficiente para satisfacer sus necesidades. Es decir, puede haber programas para reducir el hambre, educación pública, salud subsidada y una batería de herramientas que enfrentan la vulnerabilidad derivada de la pobreza, pero si esta no se enfrenta en su génesis, persistirá. 

En una ciudad como Cali, cerca de medio millón de personas viven en la pobreza monetaria y en la pobreza extrema. En síntesis, es una población que no tienen ingresos suficientes para acceder a una cesta de mercado suficiente para saciar sus necesidades materiales. Bien sea porque viven de emprendimientos de subsistencia, están en el subempleo o en el desempleo, en cualquiera de esos casos la conclusión es la misma: el mercado laboral no logra proporcionarles un empleo formal y digno. Así las cosas, ante la imposibilidad de que todos accedan a empleos bien remunerados -meta que, en todo caso, no debe abandonarse-, la política social desempeña un papel importante.

Desde hace varios años, programas como Familias en Acción pusieron a prueba la capacidad del Estado de transferirle dinero directamente al bolsillo de ciudadanos con unas condiciones de vulnerabilidad muy complicadas. Sin embargo, fue a partir de 2020, con la llegada de la pandemia, que se exploró un modelo más amplio de ingreso mínimo que recibieron millones de familias. Semejante despliegue de política basado en transferencias monetarias impidió que la pobreza llegara a niveles aún superiores en un momento de crisis profunda basada en la emergencia sanitaria y en las medidas draconianas implementadas a nivel internacional para contener el virus. Así las cosas, desde ese momento las transferencias monetarias aparecieron como una herramienta rápida para satisfacer una necesidad inmediata y la más sentida de las personas en pobreza: la falta de un ingreso.

A nivel territorial, el Gobierno de Bogotá implementó un programa de ingreso mínimo garantizado que complementó el esfuerzo del Gobierno Nacional con Ingreso Solidario. Desde entonces, solo la Capital de la República ha mantenido ese esfuerzo de política social con impactos muy importantes: aumentó en un 28,5% loas gastos familiares; 28,9% la seguridad alimentaria y disminuyó en 39,9% la inseguridad alimentaria moderada y severa. También se observaron resultados positivos en gastos en vivienda, educación y consumo de alimentos por persona. Dado que el mercado laboral no podrá resolver todas las necesidades materiales en el corto plazo, una política social basada en transferencias monetarias llega como una herramienta efectiva.

Cali, con la llegada de Alejandro Eder a la Alcaldía, se sumará a Bogotá y comenzará muy pronto esta estrategia para enfrentar la pobreza monetaria a través de un programa de ingreso básico o transferencias monetarias para familias en vulnerabilidad. A pesar de la estrechez fiscal estructural, la determinación de sofisticar la política social es un paso trascendental para una ciudad que requiere con urgencia apagar las demandas de una proporción de la ciudadanía que no logra acceder a los bienes mínimos para vivir. De esto poco se habla, pero puede ser uno de los hitos de política pública más importantes de la década. Menos pobreza es un objetivo sencillo, claro y coherente. Y está probado que poner dinero en el bolsillo de la gente es una vía rápida y muy efectiva para lograrlo.