Calidad de vida

Cuando uno monta en el Metro de Medellín, en la megafonía se escucha con frecuencia el lema de este sistema de transporte: calidad de vida, el que en mi concepto es posiblemente la identidad de marca más poderosa y elocuente de una entidad pública en Colombia. No hay, en últimas, objetivo más importante en una sociedad que el de procurar calidad de vida para todos sus integrantes. Por supuesto, el fin último del Estado es asegurar todos los esfuerzos para que sus ciudadanos puedan vivir mejor. Las instituciones, las leyes, el crecimiento económico y las políticas públicas se convierten, entonces, en instrumentos para la calidad de vida.

Colombia ha tenido múltiples obstáculos para asegurar esa calidad de vida. Desde la violencia y la criminalidad hasta la debilidad institucional pueden explicar por qué aún la vida en buena parte del país no alcanza los niveles necesarios para suplir las necesidades de sus habitantes. Prueba de estos retos es cómo Bogotá lleva fácilmente ocho décadas tratando de resolver los crecientes problemas de movilidad y solo en agosto de 2021 se empiezan las obras del Metro, casi 30 años después del inicio de las obras del Metro de Medellín o de la primera línea del Metro de Lima. Un elemento fundamental de la calidad de vida en las grandes ciudades es tener redes de transporte que reduzcan los tiempos, algo en lo que Colombia ha tardado mucho en encontrar soluciones.

La pobreza es otro elemento importante que plantea los retos de calidad de vida que enfrentamos en el país. A pesar de que desde inicios del siglo XXI la pobreza en Colombia se ha reducido de forma sostenida, aún persiste como un reto sin enfrentar con total éxito. Ciudades como Cali tienen a tres de cada diez de sus habitantes viviendo por debajo de lo mínimo, pero algunas capitales como Quibdó tienen al 60% de su población en la pobreza. Esto no es un asunto de justicia social, porque parte del cuestionable argumento según el cual los pobres son víctimas de decisiones de una élite y supone, por tanto, que un planificador central cargado de benevolencia va a corregir esos desajustes. En realidad, esto es un asunto de promover la acumulación de capital humano, aumentar la dotación de bienes públicos y crear incentivos para el crecimiento de los mercados. Es un asunto complejo, que requiere la sumatoria de esfuerzos, no la aparición de un caudillo.

La calidad de vida es el resultado de la interacción constante entre factores sociales, económicos, necesidades individuales, libertades personales, entornos ambientales y condiciones de salud. Es decir, es un sistema donde una serie de piezas construyen contextos de bienestar para los individuos. Estar bien y sentirse bien es lo que, en últimas, entiende un individuo como calidad de vida y es el propósito que debiera integrar a los diferentes actores de la sociedad: Estado, empresa, academia, organizaciones de la sociedad civil, fuerzas armadas, iglesia, entre otros. Así las cosas, todo cambio social debe conducir a mejorar la calidad de vida de los individuos pero, cuando las banderas de lo social solo sirven para mantener la exaltación crónica, estamos frente a la demagogia.

Colombia y sus regiones deben construir un consenso esencial: no hay otro norte práctico y ético diferente que construir calidad de vida. Han sido años y años de rezago en este propósito, pero ya va siendo hora de convenir que los colombianos pueden vivir mejor y que es momento de trazar una ruta cierta que permita que toda persona en Colombia acceda a servicios públicos de calidad, a empleo formal, a más y mejores bienes en el mercado y a la seguridad de que la vida y la propiedad son respetadas. Puede tardar un poco, pero es el camino correcto.

Nadar y empujar la maleta

Hace poco escuchaba a un comentarista, crítico fuerte del alcalde Alejandro Eder, decir que deberíamos estar concentrados en resolver los problemas inmediatos y no estar pensando en Cali 500 y las visiones prospectivas, tema que volvió a estar de moda con la visita del urbanista surcoreano Young-Hoon Kwaak. Por supuesto, en una ciudad con tantos problemas crónicos sin resolver esto puede resultar siendo razonable y tentador convertirlo en un mantra. Uno podría decir que mejor ocupémonos del problema de los hurtos a personas en lugar de estar pensando en cómo integrar a la ciudad con la región o cómo reducir en el largo plazo las presiones de la expansión urbana. Sin embargo, aunque tentador, es una falacia de falsa disyuntiva. Nos toca resolver los problemas inmediatos y pensar en el largo plazo. Mejor dicho, nadar y empujar la maleta.

Cuentan que antes de 1992, Barcelona, en España, era una ciudad decadente que había perdido su norte de ciudad condal. A pesar de estar de frente al Mediterráneo, llevaba décadas dándole la espalda, mientras se expandía hacia el denominado cinturón industrial, en la zona de L'Hospitalet. Con la llegada de los Juegos Olímpicos, la segunda ciudad de España y capital de la próspera Comunidad Autónoma de Catalunya se proyectó para el futuro, no solo para el inmediato -porque los juegos llegarían y se irían- sino para el nuevo siglo que se asomaba. Podría decirse, a más de 30 años después, que Barcelona cumplió con su objetivo y se reconcilió con el mar, consolidó su vocación productiva y alcanzó su estatura global. Ahora bien, ¿quedaron resueltos sus problemas? Ciertamente no. Es más, posiblemente, debe pensarse para los siguientes 30 años. Y eso está bien, porque las visiones estratégicas son dinámicas.

Las lecciones catalanas bien podrían sernos útiles. Cali hoy enfrenta retos inmediatos que, por supuesto, no podrían esperar a que los atendamos en el largo plazo. Pero así como los Juegos Panamericanos de 1971 nos procuraron un impulso que perduró, a más de 50 años de ese acontecimiento es necesario renovar la visión de futuro de la capital vallecaucana. Resultaría inadmisible que en 10, 15 o 20 años Cali siga sin un sistema de transporte ferroviario, sin un aeropuerto con mayor capacidad instalada o de espaldas al río Cauca. Tampoco sería admisible que sigamos urbanizando el sur de la ciudad, alejando la oferta de vivienda de los centros productivos, mientras el centro y sus zonas aledañas siguen debatiéndose entre el abandono y el desaprovechamiento.

Hoy es una buena noticia que desde su gobierno local, a Cali se le esté convocando a pensar en soluciones de largo plazo. Erradicar la minería ilegal de los Farallones, revitalizar el centro, el Tren de Cercanías o el fortalecimiento del sistema educativo son apuetsas duraderas que generarán resultados en el largo plazo. No podemos sucumbir a falsas disyuntivas entre el corto y el largo plazo. Cuando tuve el reto de formular el programa de gobierno del hoy alcalde de Cali, lo hicimos conciliando las visiones y necesidades inmediatas con las de más largo aliento. Y el hito que nos guía es 2036, cuando nuestra ciudad celebre 500 años de fundación. Y ese pensamiento hoy debería ser adoptado por todos, tanto en el sector público como en el privado: conciliemos las necesidades inmediatas con los sueños, expectativas y proyección del largo plazo. Corramos el cerco de nuestra visión.

He insistido en que vamos hacia el tercer despegue de Cali, pero lograrlo supone esfuerzos monumentales, puntualmente dos: construir el Tren de Cercanías, una obra costosa como ninguna que hayamos hecho, y la integración y consolidación de la Ciudad Región a través del modelo del Área Metropolitana. Por supuesto, esto debe ir aparejado a una agenda de internacionalización y de desarrollo productivo que permitan que Cali adquiera esa credencial de ciudad global que solo ostentan las grandes capitales del mundo. Recordémoslo: Cali no es un pueblo.

El 25 de julio de 2036 se celebrará los cinco siglos de historia. Desde cuando don Miguel López Muñoz estableció, por instrucción de Sebastián de Belalcázar, un poblado en el nombre de la Corona de Castilla. Desde entonces, no solo en Cali sino en la América Hispana han pasado muchos años y muchos sucesos. Para bien o para mal, según desde donde se le mire, es nuestra historia y ese fue un punto de partido de este capítulo denominado Santiago de Cali. Hoy no nos queda otro camino que corregir lo malo, continuar lo bueno y construir un futuro definido por la sostenibilidad y la calidad de vida. No nos queda otro camino que nadar y empujar la maleta.

Correr el cerco

Las ciudades avanzan de forma irreversible hacia la internacionalización y el relacionamiento cada vez más estrecho con el exterior. Hoy es muy difícil que un gobierno de una ciudad o de una entidad subnacional pueda ejercer sus competencias, brindar la prestación de servicios públicos e impulsar el desarrollo local sin construir relaciones con otros gobiernos en el mundo, con empresas extranjeras y, en general, con el entorno global. Las relaciones internacionales de las ciudades son fundamento de nuevas oportunidades para el crecimiento económico, el intercambio de experiencias y el aprendizaje.

Desde el año pasado, Cali ha acelerado el acercamiento con el entorno internacional en un esfuerzo institucional por fortalecer los vínculos económicos y la cooperación con actores extranjeros. No en vano, la ciudad acogió la COP-16 y tuvo un record de visitas, que le dio una oportunidad de visibilidad y de vitrina ante el mundo. La apuesta por la internacionalización, por supuesto, no empezó hace unos pocos meses, como lo demuestra la existencia de Invest Pacific o que la Alcaldía creó hace unos años una Oficina de Cooperación y de Relaciones Internacionales y una Secretaría de Turismo pero, apalancados en esas herramientas, hoy parece haber un norte más claro sobre cómo Cali debe insertarse en el mundo.

Hoy es imprescindible correr el cerco y extender el alcance de la visión de Cali. Eso, esencialmente, se traduce en una apuesta fuerte por el turismo, por la inversión privada y por el intercambio de experiencias con otras ciudades que puedan haber resuelto problemas que hoy aquejan a nuestra ciudad; el éxito de cualquier gran ciudad está en su capacidad de posicionarse en un contexto global con fuerza. En Colombia, el caso de Medellín es el que mejor refleja ese principio: la capital de Antioquia se convirtió en una ciudad con alcance internacional en la medida en que apostó por los grandes eventos y por atraer a nómadas digitales. Con luces y sombras, es claro que el éxito económico de Medellín, con una increíble tasa de desempleo del 7%, solo es posible en la medida en que configuró todos sus factores para proyectarse con éxito hacia el mundo y corrió el cerco de su visión.

Cali tendrá que determinar con mucha precisión cuál es el modelo de internacionalización por el que apuesta, aunque ya hay señales que indican cuál es el camino a seguir. Ventajas como el clúster de la salud, el potencial ecológico, su capital humano apalancado por la presencia de buenas universidades, su vocación cultural y deportiva y su oferta productiva diversificada y sofisticada convierten a Cali en un excelente destino para el turismo especializado y la inversión extranjera en sectores tecnológicos y de servicios de alta complejidad. La ruta está dibujada, se requiere que la apuesta por la internacionalización no sea flor de un día.

¿Qué retos tenemos para afrontar la internacionalización de forma exitosa? Por supuesto, se requiere ampliar la capacidad instalada de la ciudad, principalmente de la infraestructura de transporte: el Tren de Cercanías y la modernización del Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón son dos elementos clave en ese propósito. Pero también se requiere que Cali tenga mejoras cada vez mayores en seguridad, lo cual es un mensaje reputacional clave para neutralizar ese gran estigma que ha tenido la capital del Valle como ciudad insegura. Y luego, debe venir una política sostenida de formación de capital humano que dote a su fuerza de trabajo de habilidades como el bilingüismo y lo relacionado con la economía digital. Correr el cerco es imperativo para que Cali esté al nivel de una ciudad global.

El Valle encantado

Este mes, el Departamento del Valle del Cauca cumplió 115 años de existencia. El 16 de abril de 1910, se escindía del entonces Departamento del Cauca y se designaba a Cali, entonces una villa de no más de 20 mil habitantes, como la nueva capital. La expectativa de esa decisión fue que esta región aprovechara sus ventajas y potencialidades para crecer más y procurar un mayor bienestar para sus habitantes. Y hay que decirlo, en buena medida esa expectativa se cumplió y el Valle rápidamente se convirtió en la tercera economía de Colombia, con un crecimiento acelerado de su población. Muy pronto, el Departamento sofisticó sus sectores productivos, consolidó una infraestructura notable que permitió ampliar su capacidad instalada y floreció una red de ciudades intermedias. 

El Valle es una región que goza de grandes potencialidades y ventajas. Tiene suelos fértiles en casi todos los pisos térmicos, lo que permite el desarrollo de una agroindustria clave para la generación de empleos y que fue la locomotora del crecimiento regional en el siglo XX; cuenta con un capital humano considerable, apalancado por la existencia de buenas universidades, lo cual se expresa en el asombroso desarrollo de sectores de alta sofisticación como el farmaceutico, los servicios de salud y la investigación médica y, por su localización, tiene un aeropuerto con una proyección muy interesante, que compagina muy bien con la infraestructura marítima y vial disponible. No en vano la economía vallecaucana es la más sofisticada del país.

Los vallecaucanos tienen enfrente una región con un increíble potencial de desarrollo y bienestar que, no obstante, tiene riesgos que impiden llegar a ese máximo nivel que requerimos y esperamos. Si no se eliminan esos osbtáculos, esa cadencia necesaria se verá afectada, como ya lo estamos viendo. A 115 años de la fundación del Valle del Cauca, debemos construir unos acuerdos mínimos sobre qué debemos enfrentar, qué cambios necesitamos profundizar y cuál es la senda que queremos recorrer. En ese sentido, encuentro cinco grandes retos que debemos acordar enfrentar con rigor para que la región sea la primera de Colombia:

Primero, es fundamental reducir a ritmo mucho mayor la violencia que afecta a municipios como Tuluá, Buenaventura, Cali, Jamundí y casi toda la subregión sur, fronteriza con el Cauca. Esto implica enfrentar a los grupos armados organizados presentes, cortar el suministro de insumos para las economías ilegales y recuperar el control institucional. Desarticular esos grupos debe ir de la mano de una agenda social que reduzca la incidencia del crimen en poblaciones vulnerables como los jóvenes. Es decir, educación, empleabilidad, productividad, apoyo psico social y emocional y otras actividades de construcción de entornos comunitarios sanos resulta fundamental.

Segundo, formular unas políticas de desarrollo con enfoque territorial, que permitan responder a los problemas y necesidades puntuales de cada subregión. El Valle del Cauca necesita una especie de planes de desarrollo con enfoque territorial para zonas golpeadas por la pobreza y la violencia, como el Litoral Pacífico, los municipios del sur y Tuluá. En el fondo, esto debe permitir que las brechas entre subregiones se empiecen a cerrar y exista una convergencia entre los municipios más rezagados y los más adelantados.

Tercero, es necesario modernizar y ampliar la infraestructura de transporte. En ese sentido, el Valle del Cauca necesita una apuesta determinada por el sistema férreo para movilizar carga y pasajeros; Cali y Cartago podrían estar conectados por un tren de velocidad media que en no más de dos horas -incluso menos- conecte al norte con el sur. Esto supone también un nuevo trazado desde Buga -que debe ser un gran puerto seco por su localización como cruce de caminos- hasta Buenaventura, un bypass en el área metropolitana de Cali y la consolidación del Tren de Cercanías. Pero también es fundamental la modernización del Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, el dragado del Canal de acceso al puerto de Buenaventura y la pavimentación de vías secundarias y terciarias. 

Cuarto, consolidar las vocaciones productivas del Valle con un impulso a la formación de capital humano: es fundamental que exista una mayor cobertura de universidades e instituciones de educación superior, técnica y tecnológica, para formar mano de obra cualificada que se convierta en la mejor carta de presentación a la hora de atraer inversión privada nacional y extranjera. Por ejemplo, Cali tiene el potencial para ser el Houston de América Hispana por sus servicios médicos; Buga una plataforma logística; Palmira un epicentro de desarrollo agrícola y el norte un polo de atracción de turismo, por mencionar casos donde se requerirá mano de obra con conocimientos en esos sectores de alto potencial de crecimiento.

Y, finalmente, se requiere fortalecer las capacidades de las instituciones públicas para gerenciar el desarrollo regional. Esto supone mejorar la capacidad de las entidades estatales del orden departamental para atraer y retener talento humano de alto desempeño; ampliar los ingresos de la Gobernación a través de una gestión tributaria más eficiente, de la reducción de los gastos de funcionamiento y con negocios rentables que dejen dividendos que automáticamente se convertirán en recursos de inversión pública. También es prudente mejorar los programas del gobierno departamental para que respondan a las necesidades de la región y a las prioridades trazadas. El sector público debe liderar y generar los incentivos para alinear a todos los sectores.

A 115 años de fundación del Valle del Cauca, la sociedad civil vallecaucana debe comprender lo mucho que hemos avanzado en un siglo, pero que aún no estamos en el lugar que podríamos estar en Colombia y ante el mundo. Un departamento seguro, bueno, mejor para todos y que sea una opción de vida para las generaciones presentes y futuras es posible, de nosotros depende. En este mes donde celebramos un año más de nuestro departamento, la invitación es a no dejar de creer, acordar lo necesario para avanzar y ponernos manos a la obra. Este Valle encantado tiene una gran oportunidad esperando que no seamos inferiores al reto de aprovecharla.

El camino de las ciudades

Hace unas semanas, un usuario mexicano de la red social X comparaba las grandes ciudades de México con las de Colombia. Es tentador pensar que el país norteamericano, con 129 millones de habitantes, puede llegar a tener ciudades mucho más grandes y sofisticadas; sin embargo, la sorpresa arranca cuando se corrobora que salvo la Ciudad de México, ninguna ciudad mexicana llega a los dos millones de habitantes. En contraste, Colombia tiene tres ciudades con más de dos millones de habitantes, dos ciudades con población superior al millón de personas y nueve con más de medio millón de pobladores. El panorama se acentúa aún más cuando se analiza a países sudamericanos como Venezuela, Perú, Ecuador, Chile e, incluso, la misma Argentina, donde solo dos ciudades superan el millón de habitantes y cuatro tienen medio millón de personas. Colombia tiene un sistema de ciudades excepcional.

Entre México y Chile, sobre la Costa del Pacífico, Cali es la tercera ciudad por tamaño, solamente superada por Santiago y Lima. En el Caribe, Colombia pone a dos de las cinco ciudades más pobladas (Barranquilla y Cartagena), junto a Miami, La Habana y Caracas. Y si se analiza a las 20 ciudades de América del Sur, hay tres ciudades colombianas presentes, lo que nos permite corroborar la robustez del sistema de ciudades del país. Inevitable pensar y adoptar una agenda urbana que haga sostenibles a las urbes colombianas y maximice su potencial.

A medida que aumenta la escala de las ciudades, aumentan los beneficios de la aglomeración. Al crecer los mercados, son más los beneficios económicos. Sin embargo, existe un punto donde los costos de la aglomeración también aumentan y pueden igualar los beneficios. Es así como las congestiones, el aumento del precio del suelo, el crimen y los problemas ambientales, por ejemplo, se asoman como amenaza para la durabilidad de las ciudades y erosionan la calidad de vida en ellas. Por supuesto, Colombia no está exenta de este reto y eso nos exige tomar decisiones.

Un primer reto, que no permite dilaciones, es la criminalidad enquistada. Esto implica un conjunto de políticas como el fortalecimiento de los sistemas de vigilancia, con alto componente tecnológico, que permita prevenir delitos y recopilar información para desarticular grupos criminales urbanos. Esto, además, requiere recursos suficientes para los componentes de prevención social, con un marcado énfasis en la población joven. Empleabilidad, formación para el desarrollo humano, educación, justicia restaurativa y uso del tiempo libre son clave para reducir los riesgos de caer en manos del crimen y de las economías ilegales.

Otro reto es la renovación y la revitalización urbanas. No solo es intervenir paisajísticamente zonas deterioradas, es cambiar las vocaciones y estimular con los incentivos adecuados nuevas actividades como la vivienda. Esto es fundamental para la redensificación de las ciudades, que podrán usar suelos céntricos para el desarrollo inmobiliario y desincentivar por esa vía la expansión a suelos sin urbanizar, que supone impactos ambientales mayores. Esto requiere una adecuada coordinación entre el sector público y el sector privado, para asegurar el avance de los proyectos de renovación, plagados de obstáculos como las ventas ambulantes, la población habitante de calle y el comercio de alto impacto. 

En Colombia, solo una ciudad tiene metro en funcionamiento y solo hay un sistema ferroviario en construccón. Un propósito razonable es que se masifique el transporte férreo urbano y suburbano, para lo cual es fundamental la consolidación del Metro de Bogotá, el impuslso al Tren de Cercanías del Valle del Cauca y el tren de cercanías del Caribe, sumado al salvamento de los sistemas de transporte masivo operativos. Multimodalidad, eficiencia y bajas emisiones constituyen la triada sobre lo que debe edificarse la política de transporte urbano de cara a una agenda urbana.

Podría ahondar mucho más sobre retos en productividad y sostenibilidad ambiental, por ejemplo, pero todo eso puede sintetizarse en un gran objetivo que nos debemos trazar para aprovechar los beneficios de tener ciudades robustas: mejorar la calidad de vida de su población, lo cual ocurrirá cuando el balance entre beneficios y costos sea positivo, es decir, cuando el beneficio de aglomerarse en una ciudad de Colombia sea superior al costo de hacerlo. No basta con tener ciudades grandes, incluso por encima de la mayoría de los países de la región. Hoy requerimos que en ellas haya calidad de vida, más  que en cualquier otra urbe latinoamericana. Es deseable y es posible. Ese es el camino de las ciudades.

La Cali de la empresa

Cali ha tenido dos despegues en el último siglo: el primero, entre 1910 y 1915, con la declaratoria de capital departamental y la llegada del Ferrocarril del Pacífico, que terminó de reunir las condiciones estructurales para el desarrollo del mercado local, apalancado por la agroindustria. El segundo despegue, que podemos ubicar en 1971, cuando los Juegos Panamericanos detonaron una inversión pública sin precedentes que apalancó la llegada inédita de empresas extranjeras. A partir de 1971 uno puede ver un punto de inflexión en la inversión privada, con la aparición de grandes empresas manufactureras y el fortalecimiento de sectores como el farmacéutico. En ambos casos se aprecia un patrón: el gobierno precipita el despegue con una inversión pública, pero las empresas sostienen el impulso y mantienen el vuelo.

El desarrollo empresarial del Valle del Cauca, en particular el de Cali, ha estado íntimamente ligado a la capacidad de aprovechar la localización ventajosa que tiene la región. Por ejemplo, el Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón se convirtió en un factor para que muchas empresas se asentaran en los años 1970 y 1980, porque los vuelos entre el sur y el norte de América encontraban ahí un punto medio muy atractivo. Y es que Cali, en particular en las últimas tres décadas del siglo XX, se dotó de infraestructuras de transporte, vías, hoteles, edificios y amplió su capacidad instalada, lo que dio mejores condiciones para la actividad productiva. Es decir, el impulso del sector público precipitó decisiones empresariales y eso se vio reflejado en el crecimiento espectacular de la región en los últimos años. Insisto, en 1910 no teníamos más de 30 mil habitantes y para finales del siglo XX la ciudad ya se aproximaba a los 2 millones.

Por supuesto, de la apacible ciudad agrícola de las primeras décadas de 1900, pasamos a una ciudad manufacturera de los años 1970 y 1980. La evolución del aparato productivo caleño ha sido una constante y, hasta nuestros días, se ha mantenido. Hoy, Cali es una ciudad de servicios y de sectores muy sofisticados. Nadie hace un siglo o hace cincuenta años se habría imaginado que seríamos la ciudad con la oferta productiva más sofisticada y diversificada del país, por encima de ciudades como Bogotá, Medellín o Barranquilla. Ese crecimiento empresarial se vio reflejado en el surgimiento de universidades de primer nivel, como la Universidad Icesi o la Universidad Javeriana, así como la consolidación de la Universidad del Valle. Las necesidades de sofisticación demandaron capital humano y en eso Cali supo avanzar a buen ritmo. 

En Cali es posible encontrar un sector constructor vigoroso, las mejores clínicas del país y la producción de partes eléctricas que se exportan a mercados como el de los Estados Unidos o Ecuador; también es posible encontrar empresas dedicadas a la producción de alimentos procesados o una actividad comercial que se impulsa por la presencia de vías de primera categoría, un aeropuerto internacional y la cercanía con el Puerto de Buenaventura. Esa oferta productiva diversa mantiene a Cali con un buen vuelo, a pesar de los retos de seguridad y violencia y las debilidades institucionales estructurales que desde hace 30 años padecemos.

Imaginemos por un momento lo que podría ser de Cali con unas instituciones públicas más sólidas trabajando de la mano del sector privado. Sería injusto negar que hoy existe un esfuerzo renovado para hacerlo, pero está muy al vaivén del ciclo político y, a menudo, las demandas de los sectores productivos superan las capacidades del sector público local. Una agenda público- privada clara es apenas un paso, porque también se requiere de unos esfuerzos y de unas capacidades que aún están por desarrollarse.

Cali está caminando hacia el tercer despegue, pero hacen falta condiciones. Parte de ellas está del lado del sector público, que debe sacar adelante la adecuada integración regional de la mano del Área Metropolitana; construir y consolidar el proyecto del Tren de Cercanías y, por supuesto, reducir a niveles del promedio nacional la violencia y la inseguridad. Agregaría que, además, instituciones como la Alcaldía y la Gobernación deben desarrollar mejores mecanismos de cooperación, cualificar aún más su talento humano, reducir la cacería de rentas, optimizar la inversión y ampliar las fuentes de ingresos. Es paradójico que el gobierno local sea dueño de la quinta empresa del suroccidente colombiano pero esta no le aporte un peso al presupuesto de inversión.

La Capital del Valle tiene un sector empresarial moderno, sofisticado y listo para expandirse con los incentivos adecuados. Está probado que las empresas caleñas y vallecaucanas están listas para asumir los retos de los nuevos tiempos y pueden seguir apalancando el crecimiento regional, capitalizando sus ventajas competitivas y los entornos que hacen de Cali un lugar ideal para la inversión. Y seguirán siendo protagonistas en el tercer despegue que debemos buscar, pero que aún requiere cumplir unos requisitos para que llegue a ser una realidad. Sin embargo, la Cali de la empresa es vibrante, tiene todo el potencial y es el principal activo que debemos proteger. 

Menos pobreza

Seré tajante: si una política social no reduce la pobreza y los fenómenos que esta trae consigo, es una política social insuficiente. En un país como Colombia, donde aún uno de cada tres colombianos es pobre, el objetivo que debe guiar las políticas sociales no es otro que mejorar las condiciones materiales de esa porción de la población que no tiene lo suficiente para satisfacer sus necesidades. Es decir, puede haber programas para reducir el hambre, educación pública, salud subsidada y una batería de herramientas que enfrentan la vulnerabilidad derivada de la pobreza, pero si esta no se enfrenta en su génesis, persistirá. 

En una ciudad como Cali, cerca de medio millón de personas viven en la pobreza monetaria y en la pobreza extrema. En síntesis, es una población que no tienen ingresos suficientes para acceder a una cesta de mercado suficiente para saciar sus necesidades materiales. Bien sea porque viven de emprendimientos de subsistencia, están en el subempleo o en el desempleo, en cualquiera de esos casos la conclusión es la misma: el mercado laboral no logra proporcionarles un empleo formal y digno. Así las cosas, ante la imposibilidad de que todos accedan a empleos bien remunerados -meta que, en todo caso, no debe abandonarse-, la política social desempeña un papel importante.

Desde hace varios años, programas como Familias en Acción pusieron a prueba la capacidad del Estado de transferirle dinero directamente al bolsillo de ciudadanos con unas condiciones de vulnerabilidad muy complicadas. Sin embargo, fue a partir de 2020, con la llegada de la pandemia, que se exploró un modelo más amplio de ingreso mínimo que recibieron millones de familias. Semejante despliegue de política basado en transferencias monetarias impidió que la pobreza llegara a niveles aún superiores en un momento de crisis profunda basada en la emergencia sanitaria y en las medidas draconianas implementadas a nivel internacional para contener el virus. Así las cosas, desde ese momento las transferencias monetarias aparecieron como una herramienta rápida para satisfacer una necesidad inmediata y la más sentida de las personas en pobreza: la falta de un ingreso.

A nivel territorial, el Gobierno de Bogotá implementó un programa de ingreso mínimo garantizado que complementó el esfuerzo del Gobierno Nacional con Ingreso Solidario. Desde entonces, solo la Capital de la República ha mantenido ese esfuerzo de política social con impactos muy importantes: aumentó en un 28,5% loas gastos familiares; 28,9% la seguridad alimentaria y disminuyó en 39,9% la inseguridad alimentaria moderada y severa. También se observaron resultados positivos en gastos en vivienda, educación y consumo de alimentos por persona. Dado que el mercado laboral no podrá resolver todas las necesidades materiales en el corto plazo, una política social basada en transferencias monetarias llega como una herramienta efectiva.

Cali, con la llegada de Alejandro Eder a la Alcaldía, se sumará a Bogotá y comenzará muy pronto esta estrategia para enfrentar la pobreza monetaria a través de un programa de ingreso básico o transferencias monetarias para familias en vulnerabilidad. A pesar de la estrechez fiscal estructural, la determinación de sofisticar la política social es un paso trascendental para una ciudad que requiere con urgencia apagar las demandas de una proporción de la ciudadanía que no logra acceder a los bienes mínimos para vivir. De esto poco se habla, pero puede ser uno de los hitos de política pública más importantes de la década. Menos pobreza es un objetivo sencillo, claro y coherente. Y está probado que poner dinero en el bolsillo de la gente es una vía rápida y muy efectiva para lograrlo.